Justicia Ciega y Cómplice: Magistradas Castigan a Víctima de Violencia como si Fuera Culpable

En un país donde las cifras de violencia de género siguen en aumento, los tribunales de Veracruz parecen decididos a añadir más víctimas… desde el estrado. El caso de J.G.P.V., condenada a 50 años de prisión por un secuestro del que en realidad fue víctima, revela una vez más cómo el sistema judicial no solo ignora la perspectiva de género, sino que castiga a las mujeres por atreverse a sobrevivir.

En el Toca 617/24, la Quinta Sala Penal, presidida por la magistrada Aylet García Cayetano —quien, al parecer, busca reelegirse para continuar cercenando los derechos de las mujeres— y bajo la dirección de la presidenta del Tribunal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la aberrante condena contra una mujer que estuvo secuestrada y retenida por su entonces pareja. En lugar de ser reconocida como víctima de violencia, J.G.P.V. fue criminalizada por los mismos hechos que debieron motivar su protección.

La sentencia no solo es injusta; es profundamente misógina. Las magistradas desestimaron el contexto de violencia estructural y de género en el que se encontraba la procesada, como si esperaran “pruebas” de un tipo de secuestro doméstico que —por su propia naturaleza— raramente deja testigos o evidencias claras. ¿Acaso ignoran que muchas mujeres permanecen calladas por miedo, por terror, por falta de apoyo?

El mensaje es claro y escalofriante: en Veracruz, si eres mujer, pobre y violentada, tienes más probabilidades de ser condenada que protegida.

Y mientras tanto, el gobierno del estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, presume políticas de protección a las mujeres que en los hechos se desmoronan entre sentencias absurdas y la omisión de quienes deberían ser las primeras en aplicar una visión de género. ¿De qué sirve tener mujeres al frente del poder judicial o del gobierno estatal si su liderazgo termina siendo indiferente o incluso hostil a otras mujeres?

Que no se diga que no sabían. Que no se diga que no fueron advertidas. Porque lo que hoy le ocurre a J.G.P.V., joven madre de un bebé de tres meses, podría mañana alcanzarlas a ellas, a sus hijas, a sus amigas. La justicia no puede seguir siendo una herramienta de opresión para quienes más la necesitan.

No basta con cambiar de penal a una mujer inocente: hace falta voluntad y humanidad para transformar la manera en que se juzga a las víctimas de violencia. Y en este caso, lo que hubo fue complicidad institucional, frialdad judicial y un abandono brutal disfrazado de legalidad.

Vergüenza debería darles llamarse “impartidoras de justicia”. Y más aún, ser parte de un gobierno que dice defender a las mujeres, pero permite que sean condenadas por haber sobrevivido.