Denuncian por presunto fraude a administrador del IMSS en Ángel R. Cabada; investigan posible afectación a más personas

Alvarado, Veracruz.—* Ante la Fiscalía de Delitos Diversos de la Subunidad Alvarado fue presentada la Carpeta de Investigación 213/2026 en contra de Iván Jesús Cruz Ortiz, quien, de acuerdo con la denuncia, se desempeña como administrador de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el municipio de Ángel R. Cabada. La denuncia fue presentada por Francisco Javier Cruz Trinidad y Roberto Carlos García Santiago, quienes señalan al administrador por hechos que, desde su perspectiva, podrían constituir el delito de fraude específico, derivado de diversas operaciones relacionadas con la presunta comercialización y gestión de viajes, boletos, hospedajes, traslados y paquetes para eventos deportivos nacionales e internacionales. De acuerdo con el escrito presentado ante la autoridad ministerial, desde finales de 2023 el señalado habría generado una relación de confianza con distintas personas, presentándose como organizador, promotor y gestor de servicios turísticos y deportivos mediante nombres comerciales como “Agencia de Viajes Tendencia Digital”, “Tendencia Digital”, “Programa Tendencia Digital” y “Grupo Empresarial Tendencia Digital”. Los denunciantes aseguran que, a través de redes sociales, mensajes, conversaciones, promociones y publicidad digital, se habría proyectado una imagen de solvencia y capacidad para concretar la adquisición de boletos, hospedajes y paquetes, por lo que distintas personas realizaron depósitos y entregaron recursos económicos para la contratación de dichos servicios. La denuncia sostiene que los recursos entregados ascienden a varios miles de pesos, motivo por el cual los denunciantes acudieron ante la Fiscalía para solicitar una investigación formal y el deslinde de responsabilidades. Como parte de las diligencias solicitadas, los denunciantes pidieron una pericial en materia de informática, con el objetivo de que especialistas analicen teléfonos celulares, conversaciones, capturas de pantalla, fotografías, videos, archivos digitales, notas de voz y demás elementos electrónicos que pudieran estar relacionados con las operaciones denunciadas. La finalidad es que la autoridad pueda establecer la existencia, origen y destino de las comunicaciones y transacciones, así como determinar si existen elementos que permitan acreditar una posible conducta delictiva. Uno de los aspectos que podría ampliar el alcance de la investigación es el señalamiento de que presuntamente existirían otras personas afectadas por hechos similares. Los denunciantes mencionan posibles casos en municipios como Alvarado, Tlacotalpan, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada y Veracruz, además de Guadalajara, Jalisco, y la Ciudad de México. Por ello, solicitaron a la Fiscalía verificar si existen otras denuncias o carpetas de investigación que pudieran guardar relación con los hechos y determinar si existe algún vínculo entre los casos señalados. El asunto jurídico es llevado por el Mtro. en Derecho Pastor Ramírez, reconocido abogado penalista, quien representa y brinda asesoría jurídica a los denunciantes, además de dar seguimiento a las diligencias solicitadas ante la autoridad ministerial. Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Veracruz integrar la carpeta de investigación, recabar los datos de prueba y realizar las diligencias correspondientes para determinar si existen elementos suficientes para judicializar el expediente y, en su caso, ejercer la acción penal que legalmente corresponda. La investigación podría adquirir mayor relevancia si durante las diligencias ministeriales se confirma la existencia de otras personas afectadas o de procedimientos relacionados con los mismos hechos. No obstante, por tratarse de una investigación en curso, los señalamientos contenidos en la denuncia corresponden exclusivamente a las manifestaciones de los denunciantes. Iván Jesús Cruz Ortiz conserva su derecho fundamental a la presunción de inocencia y a una adecuada defensa, por lo que será la autoridad competente la que determine, con base en las pruebas que se incorporen a la carpeta y en su caso ante un juez, si existe o no responsabilidad penal. Será el desarrollo de la investigación ministerial el que permita esclarecer los hechos, determinar la posible existencia de un delito y establecer, en su caso, las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.